Sociedad
ANÁLISIS
En el citado artículo se dice que la transición fue posible gracias a las Cortes franquistas. (Foto: EFE/Archivo)

Franco, hasta en la sopa de Meirás

Transcurridos cuarenta años desde la muerte del traidor Francisco Franco, aún nos salga hasta en la sopa, ¿qué clase de Democracia tenemos en España?

0
Vie, 4 Ago 2017

En los últimos días, hemos conocido de la oportunidad brindada a una fundación, definida así misma como Fundación nacional francisco franco (las minúsculas son mías), de gestionar el Pazo de Meirás, lugar en el que el dictador, y la grandeza del dictador, traidor y golpista. No hablamos de la Fundación Adolf Hitler o la Fundación Benito Mussolini, que no existen, sino de una fundación cuyo nombre posee carácter redundante o repetición inútil.

La explotación del Pazo de Meirás, por la fnff, es un insulto a las víctimas del franquismo particularmente, y en general, a la dignidad de todos los demócratas de un país como España. Es increíble que, transcurridos cuarenta años desde la muerte del traidor Francisco Franco, aún nos salga hasta en la sopa, ¿qué clase de Democracia tenemos en España?

El Pazo de Meirás era el lugar donde acudía Franco para su descanso, después de matar, que agota mucho. Es necesario retrotraernos en el tiempo, al origen del título de esa propiedad, y su modo de adquisición. En un momento anterior, perteneció a la familia Pardo Bazán, y en el año 1938, la autoridad franquista y golpista, impuesta sobre la autoridad legal y democrática de la IIª República, a través de su debido espolio, la propiedad terminó en el dominio de Franco, sin que, por cierto, la familia Pardo Bazán pudiera retirar sus enseres personales. Por tanto, tanto el título como el modo, además de ser impresentables, son jurídicamente muy discutibles.

La explotación del Pazo de Meirás, por la fnff, es un insulto a las víctimas del franquismo particularmente, y en general, a la dignidad de todos los demócratas

Consultando la Ley de Fundaciones, sabemos que los fines de una fundación, "deberán perseguir fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos. Este disparate, que pretende ser llevado a cabo por cuatro exaltados, en ningún caso representa el interés general de la sociedad democrática española, y Francisco Franco y su régimen que comenzó matando y terminó matando, no parece que pueda destacar precisamente por su defensa de los derechos humanos.

Igualmente la misma ley, no permite que a través de una fundación, se pueda favorecer a miembros del patronato, fundadores o familiares de ambos, y la realidad es que la presidenta de honor de la fnff, se llama Carmen Franco Polo, persona a la que atribuimos la propiedad del Pazo de Meirás, y persona que ha encargado a título particular, su explotación.

La única legalidad en todo este proceso, es la catalogación del Pazo como Bien de Interés Cultural, sin embargo, por dicha condición, existe la obligación de pactar con la Xunta una serie de visitas e inspecciones, y recogerlo por escrito, en un convenio, acuerdo o documento, del que, a día de hoy no sabemos nada. Ese documento, seguramente será susceptible de impugnación por algún partido de la oposición.

Para cerrar el capítulo de la historia, el Pazo de Meirás debería convertirse en dominio público, como ocurrió con el Palacio de La Magdalena en Santander, o de Miramar en San Sebastián, los cuales, a través de una transacción, dejaron de ser propiedad de la familia borbón, para pertenecer a la ciudad. Igualmente se hace necesario la elaboración de un anteproyecto de ley autonómica sobre memoria histórica gallega, que regule directamente sobre el Pazo, y por último y no menos importante, es fundamental una legislación unitaria en toda España, que impida cualquier acto de enaltecimiento del franquismo, empezando por la ilegalización de la fundación nacional francisco franco, y todos los honores y distinciones, de sus “representados”.

Pretender asimilar la figura del dictador a la de los primeros cristianos, así como retar a un gobierno a través de la exaltación, además de ser de una soberbia extrema, es vulnerar la legitimidad del Parlamento español, sede de la soberanía popular, pese a alguna. 

 

Eduardo Ranz es abogado experto en Memoria Histórica