Sociedad
Imagen de una campaña contra la violencia de género.
Imagen de una campaña contra la violencia de género.

Huérfanos del terrorismo machista: sin pensión, desprotegidos y muy cerca del agresor

El informe del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla pone sobre la mesa los problemas a los que se enfrentan los hijos de las mujeres asesinadas

#  
0 |
0
Vie, 10 Mar 2017

Pese a la creencia, bastante generalizada, de que hay suficientes mecanismos de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, lo cierto es que, como se ha denunciado en muchas ocasiones, estos son deficientes o inexistentes.

Urge dar pasos de gigante en este sentido, en aspectos tan importantes como los referidos a los huérfanos del terrorismo machista, los más vulnerables y los grandes olvidados. Hasta el año 2013, ni siquiera existían datos sobre ellos.

El Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, de la Fundación Mujeres, nació hace un año precisamente para dar respuesta a esto y ayudar al desarrollo personal de estos menores. Después de unos meses de intensa actividad, en los que han abordado un total de diez casos, de los cuales han becado seis, han celebrado una jornada parlamentaria en la que han presentado su I Informe Anual, del que se desprenden importantes conclusiones.

Marisa Soleto, directora de La Fundación Mujeres cuenta a ELPLURAL.COM que de lo primero que se dieron cuenta fue de cómo la falta de protocolos y mecanismos adecuados “incrementa el daño emocional de los huérfanos y las familias que se quedan a cargo”. Es la llamada “victimización secundaria”, señala.

Entre los principales problemas a los que han de hacer frente están las cuestiones referidas a la filiación, que “tardan mucho en resolverse, lo que opera en contra de la estabilidad de los menores”.

Del mismo modo, en muchas ocasiones, los equipos de apoyo, abordan la situación como si fuera cualquier otro tipo de conflicto familiar. En este tipo de casos, recalca Soleto, “es urgente evitar el contacto del menor con el asesino de su madre”.

Burocracia interminable

Las trabas burocráticas son interminables. La pensión de orfandad es otro de los puntos problemáticos. "Se ha denegado en muchos de los casos casos porque la madre no cumplía los requisitos de cotización, y no se ha sustituido por otra ayuda”, aclaran desde la Fundación Mujeres. Incluso, añaden, “cuando se ha llevado a los juzgados y se ha ganado, la Seguridad Social, ha recurrido”.

Marisa Soleto explica a este medio que muchas veces quienes se hacen cargo del menor son personas mayores, que ya no tienen posibilidad de hacer frente a los gastos que implica la crianza, lo que hace necesario que exista “un sistema que garantice la ayuda de forma automática”.

En este tiempo de trabajo han comprobado que crecer en estas condiciones puede suponer “verse como una carga económica”, lo que puede ser determinante para no querer realizar estudios superiores. Por ello, el Fondo considera fundamental la exención de las tasas académicas para estas víctimas. “La sociedad tiene una deuda con aquellos a cuyas madres no hemos sido capaces de proteger”, recalca Soleto.

A nivel fiscal, también hay complicaciones en lo que respecta a las desgravaciones. “Hay una familia que lleva cuatro años luchando” , denuncia, porque son casos no previstos por el sistema.

Vistos como los hijos del asesino

A todo esto hay que añadir problemas de otra índole como los de convivencia escolar. Pese a que se presupone solidaridad por parte de todo el entorno, el huérfano muchas veces “no es visto como hijo de la víctima sino como hijo del asesino”, lo que hace imprescindible la puesta en marcha de un protocolo de carácter educativo que permita a los centros saber cómo actuar.

Soleto asegura que “la respuesta de los parlamentarios ha sido buena”. Sin embargo, esta misma semana Podemos denunciaba el veto del Partido Popular a su propuesta para garantizar la pensión de orfandad a los huérfanos de violencia de género.

Las medidas que propone el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto “no suponen un gran coste económico” y, por contra, contribuirían en gran medida a mejorar la recuperación de las víctimas. “Es imprescindible establecer protocolos y un sistema de seguimiento”, insiste Soleto, a lo que añade con énfasis: “Nuestra labor no tiene que sustituir jamás la responsabilidad de los poderes públicos”.  



Noticias relacionadas