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El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en una foto de archivo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en una foto de archivo.
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EFE

Exmilitantes de C's apuntan contra el partido por la financiación y la dirección lo niega

ELPLURAL.COM accede a las pruebas que un colectivo de exafiliados trasladó a la Fiscalía Anticorrupción y que demuestran cómo opera el partido

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Lun, 20 Mar 2017

La financiación de los partidos políticos ha estado siempre en entredicho. Sin ir más lejos, en la actualidad, son varios los asuntos que se dirimen en los juzgados que tienen que ver con la presunta financiación irregular del PP. Precisamente, uno de los principios de los que han presumido las nuevas formaciones ha sido el de la transparencia en lo que respecta al dinero con el que desarrollan sus actividades.

Ciudadanos, con su líder Albert Rivera a la cabeza, ha sido de los que más ha ondeado esa bandera. Sin embargo, hace unos días se hacía público cómo el partido naranja  financia presuntamente parte de sus acciones con dinero procedente de instituciones públicas. El último caso denunciado se refiere a la localidad andaluza de Alcalá de Guadaira, aunque con extensiones en otros municipios de Andalucía.

ELPLURAL.COM ha tenido acceso a documentos que reflejan que el modo de proceder en esa localidad sería común a todo el territorio nacional en ciudades de más de 50.000 habitantes. Los escritos forman parte de la denuncia que el 2 de marzo de 2016 la Plataforma por las Garantías Ciudadanas interpuso ante la Fiscalía. Precisamente ahora, este colectivo insiste en que “habría cientos de casos si quienes hoy callan decidiesen hablar”.

La primera vez que se pusieron sobre la mesa irregularidades en la financiación de C´s se hizo a raíz del presunto pago en Murcia de campañas electorales con dinero público, una circunstancia que le costó el cargo a uno de los máximos responsables de la formación en aquella región. Tal y como explica Alberto Ganga, el abogado que redactó la demanda, el modus operandi se basa en la utilización de dos cuentas.

Cuenta de ingresos

La cuenta de ingresos, “está situada en Madrid, en una sucursal bancaria del Banco Popular”, tal y como consta en la denuncia. En ella han de estar siempre autorizados el número dos de Ciudadanos y secretario de Organización, José Manuel Villegas, y el responsable de Finanzas, Carlos Cuadrado, “además de dos miembros del grupo municipal que corresponda”.

La segunda cuenta, de gastos, estaría en el municipio, siempre y cuando cuente éste con una sucursal de esta entidad bancaria. En caso de no existir oficina, “se abre en la localidad más próxima que tenga Banco Popular”. El dinero que le corresponde al partido por su representación municipal (o en la diputación provincial o gobierno autonómico según el caso) va a parar a la cuenta de ingresos, es decir, la que controla de forma directa la cúpula de la formación que lider Rivera. 

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A partir de aquí, el grupo municipal "elabora un plan de gastos, que se encarga de aprobar el área de Finanzas de C´s y el dinero solicitado se envía a la cuenta local. La diferencia entre lo ingresado y la cantidad pedida se queda en el partido". 

En la ley, explica Ganga, “está perfectamente tipificado a qué fines puede ir destinado el dinero que los grupos municipales reciben del Ayuntamiento. Nunca puede ir al partido, como tampoco al pago de sedes, material inmovilizado, …”

La carta ética

Lo que llevó a este grupo de ex militantes a tirar del hilo fue “la famosa carta ética que estaban obligados a firmar todos aquellos que querían presentarse a las elecciones por el partido”. En ella, explica este letrado, “se hablaba de cómo debían destinar a la formación una parte de sus propios ingresos, lo cual no es ilegal, pero había otro párrafo en el que se hablaba del dinero de las corporaciones municipales, lo que sí lo es”. 

El mismo mes en que presentan la denuncia, la agrupación la amplía con nuevas pruebas sobre la presunta financiación de campañas electorales con dinero privado. “El candidato pagaba su propia campaña emitiendo una factura, con el compromiso de partido de que le sería devuelto el dinero”, explica Ganga.

La práctica a veces era “tan desastrosa, que llegaron a presentarse a Intervención de algún ayuntamiento facturas con fecha anterior a la constitución del grupo municipal” o parlamentario, como en el caso de Murcia.

Camuflado como asesoramiento

Tras la denuncia de la Plataforma, Ciudadanos modificó su sistema. Mantiene las dos cuentas, algo que a juicio del partido naranja sirve para “proteger el dinero público”, pero crea un documento con el que trata de justificar el dinero que se queda el partido. Para ello utiliza el eufemismo de pago de servicios de asesoramiento.

“El problema”, explica el abogado de la Plataforma, es que “si hay un contrato ha de haber una factura”. Los grupos municipales están exentos del pago del impuesto de sociedades, pero “si hay movimiento mercantil, estarían obligados a pagarlo y Ciudadanos a declararlo. Estamos seguros de que no se hace”. Algunos de los que se negaron a firmar este nuevo escrito, por denegárseles una copia, fueron expulsados de la formación naranja.

Posible querella

La plataforma no confía en que Fiscalía Anticorrupción actúe, “pocas veces lo hace”, por lo que estudia interponer una querella, aunque “cuando se trata de delitos públicos te ponen como acusación particular y tienes muchos impedimentos” explican.

Lo cierto es que, a juicio de esta agrupación, el problema tiene mala solución, ya que en la mayor parte de ayuntamientos no se fiscaliza qué se hace con el dinero que se asigna a cada grupo”.  

Ciudadanos, por su parte, asegura a ELPLURAL.COM no haber recibido por parte de Fiscalía notificación alguna sobre la citada denuncia, "lo que indica que está archivada". Fuentes del ámbito jurídico consultadas por este medio, sin embargo, aclaran que la Fiscalía, a diferencia del juzgado, puede llevar a cabo las "diligencias de investigación que tenga por convenientes para esclarecer si hay delito o no  sin comunicarlo al demandado".

En caso de que se determine su archivo, sí ha de hacérselo saber al denunciante, en este caso la Plataforma por las Garantías Ciudadanas. Desde este colectivo aclaran que lo que la  "Fiscalía nos ha remitido es un escrito indicando que la carta ética es anterior a la ley de financiación de los partidos partidos políticos, a lo que hemos respondido que, posteriores a la aprobación de esa ley, son el resto de documentos aportados. De momento, no ha habido otra respuesta".