Cataluña
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante la reunión semanal del gobierno catalán, hoy. EFE
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont
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Ni Puigdemont avala a Puigdemont

El debate del Palau de la Música sirvió para condenar políticamente la supuesta financiación ilegal de Convergencia, pero no tendrá efectos prácticos

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Mié, 17 Mayo 2017

La decisión del gobierno de la Generalitat de no acusar a CDC por el expolio del Palau de la Música solo es defendida en el Parlament por dos diputados de JxS. Oriol Junqueras y ERC votaron con la oposición y Carles Puigdemont y PdeCat se abstuvieron. El debate sirvió para condenar políticamente la supuesta financiación ilegal de Convergencia, pero no tendrá efectos prácticos por llegar demasiado tarde. Los abogados del consorcio ya habían renunciado a la acusación particular, siguiendo las órdenes del ejecutivo catalán.

 La sesión parlamentaria en la que se votaron dos propuestas de resolución, una de la CUP y otra de CSQEP, para forzar al ejecutivo a modificar su decisión de no acusar a CDC por la supuesta financiación ilegal desde el Palau de la Música supuso una derrota histórica para el gobierno catalán. Una situación parlamentaria esperpéntica. Ni el presidente, ni el vicepresidente, ni ninguno de los consejeros que son diputados votaron en contra de la petición de la oposición de desautorizar al gobierno.

La auto desautorización del propio gobierno tendrá efectos políticos y quizás académicos por lo singular de la situación, pero ningún efecto judicial dado que los escritos de acusación ya han sido presentados. Paralelamente al debate en el Parlament, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el fiscal presentaba sus peticiones de condena: Félix Millet (14 años y 9 meses y multa de 22 millones de euros) y Jordi Montull (10 años y 10 meses y 22 millones de multa) han visto rebajadas sus penas gracias al pacto para inculpar a CDC; mucho mayor ha sido la rebaja de condena solicitada para Gemma Montull (de 25 años a 2 años) en virtud del mismo pacto. También la pena inicial del ex tesorero de CDC ha quedado reducida a un tercio de la petición, quedándose en 8 años de prisión.

Ningún grupo del Parlament, excepto los diputados del Pdecat, suscribieron la tesis del consejero de Cultura, Santi Vila, y del portavoz de este partido, Albert Batet, en el sentido de que acusar a CDC de apropiación indebida por los 6,6 millones de euros que llegaron a sus arcas provenientes del Palau de la Música, era tanto como hacer seguidismo de la Fiscalía y de los dos principales acusados. Aún así, no se atrevieron a votar en contra de las propuestas de resolución y optaron por la abstención, evitando la condena política explicita a CDC, dejando, sin embargo, a la intemperie la decisión de su gobierno de mantener al consorcio del Palau al margen de la acusación.

La oposición y la CUP consideraron simplemente un deber moral y ejemplarizante que el gobierno acusara a CDC por una financiación irregular que, en palabras de Lluis Rabell, permitió el dopaje financiero electoral de Convergencia: “hemos sido gobernados por un partido dopado”. ERC mantuvo que su condena a la actuación de la Generalitat en el caso del Palau respondía a su lealtad al gobierno “que está implantando medidas contra la corrupción” y a su compromiso “con la República que se está construyendo”. Germà Bel, diputado independiente de JxS, uno de los dos votos fieles a la decisión de mantener a la Generalitat al margen, tomada por Puigdemont en la vigilia, aunque ni siquiera él la apoyó en el pleno, argumentó que “si ha habido expolio, quien lo ha pagado ha sido el contribuyente, no el Palau, en consecuencia, no hay que indemnizar al Palau sino al contribuyente”.

Las consecuencias del debate sobre el caso práctico de la corrupción en el Palau de la Música están por ver. La división de JxS, la soledad de los jóvenes del PdeCat en su resistencia a condenar la actuación de sus mayores de CDC, la contundencia de la CUP en sus ataques a la pasividad del gobierno que apoyan, la distancia tomada por ERC no sólo respecto del PdeCat sino también del gobierno que comparten han expuesto al presidente Puigdemont a una situación nunca vista en el Parlament de Catalunya y tal vez en ningún otro parlamento. Y le obligaron a un acto de funambulismo sin precedentes para no quedarse solo con los dos diputados fieles.

La iniciativa de la Fiscalía de querellarse contra la consejera de Gobernación por iniciar los trámites para comprar unas urnas como las que en su día adquirió la Junta de Andalucía ayudará a paliar el episodio de desunión. Sin embargo, ERC ha mandado un mensaje inequívoco: sólo la corrupción puede entorpecer la alianza independentista. El próximo episodio está a la vuelta de la esquina. El juez instructor del caso del 3% ha solicitado al TSJC la apertura de una investigación contra Germà Gordó, diputado de JxS y consejero de Justicia con Artur Mas.

 

Jordi Mercader es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.