Política
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. EFE/Archivo
El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.
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EFE/Archivo

Los memorialistas presentan queja contra Fernández ante el Defensor del Pueblo por su “ataque a la democracia”

Dijo que “hay quienes quieren ganar la guerra muchos años después” ante la decisión municipal de exhumar a Mola y Sanjurjo

Vie, 23 Sep 2016

La afirmación del ministro de Interior en funciones Jorge Fernández Díaz de que “hay quienes pretenden ganar la guerra muchos años después” realizadas cuando el Ayuntamiento de Pamplona anunció su intención de exhumar los cuerpos de los generales Mola y Sanjurjo y cerrar la cripta en que se encuentran ha motivado el disgusto de los memorialistas. En concreto la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo.

En un comunicado, la asociación explica: “El ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, llevó a cabo unas declaraciones el 21 de septiembre de 2016, en las que crítica a quienes pretenden exhumar entre otros los restos de los generales golpistas, Emilio Mola y José Sanjurjo, cuyos restos descansan en el Monumento a los Caídos de la Ciudad de Pamplona, sostenidos con fondos públicos”.

Para la ARMH la decisión del ayuntamiento de la ciudad “de poner fin al rendimiento de honores a dos de los promotores de una sangrienta dictadura nace del mandato de los valores democráticos, de la afirmación del deber de reconocimiento a quienes defendieron las libertades y del respeto a las miles de víctimas, muchas de las cuales permanecen desaparecidas, en fosas comunes”.

Ataque a la democracia

“Que el ministro de un Gobierno democrático critique a quienes van a llevar a cabo dicha actuación, con el argumento de que “hay quienes pretenden ganar la guerra muchos años después”, representa un ataque a lo que representa la democracia y a quienes sufrieron durante cuarenta años la falta de libertades, la persecución política, la imposibilidad de enterrar dignamente a un ser querido y la falta de oportunidades por el hecho de no haber apoyado un golpe de Estado ni celebrar la instauración de una larga dictadura”.

Dice la ARMH que como representante de un Gobierno democrático, el ministro Jorge Fernández tiene que ser estrictamente respetuoso con los valores democráticos y con las víctimas de cualquier hecho violento, independientemente de la ideología que tengan quienes ejerzan la violencia. “Su deber es proteger a las víctimas de hechos violentos, respetarlas, y mantener su rechazo hacia quienes destruyeron una democracia en la que por primera vez votaron los hombres y las mujeres con sufragio universal, hubo alternancia de ideologías en el Gobierno y un avance sin precedentes y cuestiones educativas y de protección social”.

Un delito que no prescribe

El argumento desde la institución que representa en funciones de la necesidad de mirar hacia el futuro consideran que tampoco sirve ya que con tal motivo “habría que cerrar los juzgados en los que se instruyen causas por hechos y delitos pasados o desactivar la policía que investiga crímenes que ya han sido cometidos”. Resalta la asociación que “las 114.226 personas que permanecen desaparecidas lo están hoy y los estarán mañana y por eso el derecho penal internacional considera las desapariciones forzadas un delito imprescriptible, porque se sigue cometiendo mientras la familia del desaparecido no pueda saber qué le ocurrió y tenga la posibilidad de enterrarlo y llorarlo dignamente”.

“Tampoco se debería llevar a cabo desde un Gobierno la afirmación de que ya nos reconciliamos en la transición, puesto que los golpistas siguen honrados en grandes monumento erigidos por una dictadura y quienes no apoyaron el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 permanecen en caminos y cunetas, sin la sepultura digna a la que tiene derecho todo ser humano, independientemente de su ideología. No podemos llamar reconciliación al proceso que deja impunes gravísimas violaciones de derechos humanos y no garantiza los mínimos derechos a decenas de miles de familias”, continúan.

Respeto a todas las víctimas

La ARMH recuerda en este sentido el informe del relator especial de la ONU para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff de 22 de julio de 2014indicando al Gobierno español la necesidad de terminar con la discriminación entre víctimas de graves delitos. De Greiff recordaba la necesidad de promover en las transiciones “una concepción amplia de víctima, que logre abarcar el universo completo de las mismas, sin distinción sobre la base de su afiliación política, su bando, o el de su perpetrador”. 

“Por todo ello, manifestamos ante la oficina del Defensor del Pueblo nuestra queja como forma de exigir el máximo respeto a todas y cada una de las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin hacer electoralismo ni utilizar diferentes discursos ni recursos para crímenes de extrema gravedad”, concluye la ARMH.