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Mossos d'Esquadra custodian la entrada del Hotel Arrahona, de Sabadell.
Mossos d'Esquadra custodian la entrada del Hotel Arrahona, de Sabadell.
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:
EFE

¿Están los Mossos d'Esquadra confeccionando una lista negra de periodistas?

Varios agentes de Asuntos Internos pidieron sus móviles a cuatro redactores

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Mié, 29 Jun 2016

Según el diario El País, la policía autonómica catalana se llevó a unos compañeros al interior de un portal, exigió sus teléfonos móviles y tomaron fotografías de sus DNI y carnés profesionales. ¿Cómo llamarían ustedes a esto?

Los hechos sucedieron cuando diversos medios estaban frente a la conocida joyería Rabat, una de las más caras de Barcelona, que había sufrido un robo. Al ver a los compañeros hacer su trabajo, que no es otro que informar, El País dice que “al menos cuatro agentes de la División de Asuntos Internos de los Mossos (DAI) pidieron a los periodistas los números de sus teléfonos móviles”. Llegaron a hacer una llamada para ver que era el correcto.

Son métodos que rayan el límite de la buena praxis policial. Añadamos que los periodistas que cubren sucesos suelen ser más o menos siempre los mismos, o sea, que los cuerpos de seguridad los conocen. Jordi Jané, conseller de Interior, ha negado saber nada, y desde la Dirección de Comunicación del Departamento de Interior se ha condenado esa actuación. O sea que sí, que se produjo. No es la primera vez que Asuntos Internos le causa problemas al conseller de turno. Los propios Mossos les llaman “los hombres de negro”. Y les tienen miedo.

La DAI está considerada por sus compañeros como un grupo hermético al que se accede por la vía “política”. Si se repasa el organigrama de la policía autonómica, el grupo cuelga directamente de la dirección política y no se entra en él así como así. Son entre cincuenta y ochenta agentes de confianza máxima que cobran más que el resto de los policías – nivel 4 – y ni los sindicatos policiales se atreven con ellos.

Este grupo formaba parte del famoso CESICAT, una de las estructuras de Estado tan caras a los ojos de Artur Mas y el por entones conseller de Interior Felip Puig. Se trataba de crear un CNI a la catalana, obteniendo información acerca de asuntos algo lejanos a la seguridad. Se habló en su día de intervenir teléfonos móviles de diputados de la oposición y periodistas. El PSC llegó a plantear preguntas parlamentarias acerca del tema que, como todo en el oasis catalán, quedó sepultado bajo la pesada losa del proceso independentista.

Los hechos acaecidos ahora vuelven a poner encima de la mesa el tan traído y llevado uso de la policía por parte del poder político. En pleno escándalo de las conversaciones entre el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, De Alfonso, revocado hoy de su cargo por el Parlamento catalán, la gente tiene derecho a hacerse la pregunta ¿quién vigila a los vigilantes?

Listas negras, otra vez

Fuentes policiales autonómicas aseguran que les preocupa que existan filtraciones a los medios acerca de operaciones en curso. El goteo de información sobre la mafia china, por ejemplo. Aducen que, si se publican, pueden dañar el buen fin de las mismas, habida cuenta que se hallan bajo secreto sumarial.

Hasta aquí podría parecer razonable, pero para el periodista que lleva años haciendo algo más que asistir a las ruedas de prensa oficiales y copiar al pie de la letra lo que diga el conseller de turno, las dudas son enormes. De entrada, ¿en lugar de fichar periodistas no sería mejor que investigasen a los policías que pasan información? Por otro lado, la relación policía-medios de comunicación se basa en el off the record, en el hoy te paso estos datos, pero a cambio tu mañana me ayudas con este otro asunto y en tomarse unas cañas para que el poli de turno te acabe diciendo “conste que negaré todo lo que acabo de decirte”.

¿Tan tontos son en el Gobierno de la Generalitat que piensan que los periodistas nos vamos a tragar que la identificación de teléfonos móviles personales no tiene connotaciones que van más allá de preservar el secreto de las operaciones? ¿Ignoran que existe una lista de periodistas afectos y desafectos al nacionalismo, que usan los encargados de los medios de comunicación para decidir quién puede y quien no puede trabajar en ellos? ¿Nadie de los responsables políticos de la cúpula de la Consellería de Interior ha leído las memorias de Lluís Foix, emérito periodista y ex director de La Vanguardia, en las que cuenta como Jordi Pujol influyó en no pocas editoriales y se redactaba él mismo el cuestionario en las entrevistas que le hacían?

Hay un proceso en Cataluña, efectivamente, pero no es hacia la independencia, ni mucho menos. Si así fuera, Mas ha tenido mayoría suficiente la anterior legislatura e incluso en ésta, con Puigdemont al frente, para proclamar una DUI. El proceso real es el del totalitarismo más abyecto, que no repara en censuras ni en apartar de todo espacio público a quienes osan discrepar del dogma imperante.

Cada vez somos menos los que disponemos de un espacio para denunciar la perversión que se vive en el Principado respecto a la libertad de expresión periodística. El último paso, que viene de cuando Prenafeta creó en la década de los ochenta del pasado siglo aquellos inefables “Mortadelos” en la por entonces incipiente policía autonómica, es fichar teléfonos de profesionales de la información en un portal. Todo sin que el conseller lo sepa, sin autorización por parte de la escala de mando y sin que nadie lo haya ordenado.

A esto ha llegado la Cataluña de Companys, de Tarradellas, de Pallach, de Raventós y de Ainaud de Lasarte. Terrible.